| Pour la deuxième fois en 86 ans, trois fascistes criminels corrompus et nazis en Von der Leyen (DE), Macron (FR), Sanchez (ES) veulent asservir l'humanité. |
| Por segunda vez en 86 años, tres fascistas criminales, corruptos y nazis, Von der Leyen (DE), Macron (FR) y Sánchez (ES), quieren esclavizar a la humanidad. |
| For the second time in 86 years, three criminal fascists, the corrupt and Nazis Von der Leyen (DE), Macron (FR), and Sanchez (ES), want to enslave humanity. |
La France est devenue un pays où le citoyen n’a plus rien à attendre du système gangrené par la corruption à tous les étages de la société et du statut social.
Pour rappel, en justice c’est le client qui décide, l’avocat n’étant que le technicien de la chose. Un grand nombre d’ententes entre le système, les avocats et les juges nous obligent à vous informer.
Derecho español
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Rechazar la luz giratoria v16 con geolocalización
Le proporciono esta información jurídica para que las personas puedan negarse a comprarla y utilizarla, invocando estos principios del derecho internacional que son oponibles a los Estados signatarios de los convenios, como España. La violación del derecho internacional y nacional puede invocarse en cualquier momento, no hay un plazo de 30 o 60 días como se oye por todas partes. Las administraciones, el Estado y los abogados españoles tienden a ignorar el derecho internacional, lo cual es un error.
El artículo 6, apartado 3, del Código Civil español establece que «los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitorias son nulos de pleno derecho, salvo que estas prevean un efecto diferente en caso de contravención».
El artículo 6, apartado 4, del mismo código establece que «los actos realizados al amparo de una norma que persigue un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él se consideran fraudulentos y no impiden la aplicación de la norma que se ha intentado eludir».
Ahora bien, el Real Decreto 1030/2022 viola inevitablemente el derecho nacional e internacional, pero sobre todo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que España es signataria y cuya norma es imperativa.
Así pues, conviene recordar que:
La protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española.
«La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos».
El Tribunal Constitucional español, en su sentencia 94/1998, dejó claro que «para evitar cualquier tráfico ilícito o perjudicial para la dignidad y los derechos de las personas afectadas, el derecho a la protección de datos se configura como un poder de oposición del ciudadano».
En su sentencia 292/2000, el Tribunal afirmó que «el ciudadano tiene un derecho autónomo e independiente que consiste en un poder de disposición y control sobre los datos personales que le permite decidir qué datos facilitar a un tercero, ya sea el Estado o un particular, o qué datos puede recopilar dicho tercero, y que también le permite saber quién es el titular de esos datos personales y con qué fines, y oponerse a dicha titularidad o uso».
El artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea especifica que «estos datos deben tratarse de forma leal, con fines determinados y sobre la base del consentimiento de la persona interesada ».
El Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 española establecen claramente que «el consentimiento debe proceder de una declaración o de una acción afirmativa clara del interesado, con exclusión de lo que se denominaba «consentimiento tácito».
De hecho, no hay duda de que el dispositivo luminoso giratorio V16 con geolocalización viola los derechos fundamentales de los ciudadanos, no solo en lo que respecta a la transferencia de datos, sino también a la vigilancia masiva. Este dispositivo está equipado con chips geolocalizables por GPS. Cada señal GPS tiene su propia identidad, fácilmente geolocalizable por cualquier persona con acceso a las telecomunicaciones, fácilmente pirateable, o cuyo uso puede ser ordenado por el gobierno, sin ninguna solicitud judicial, como la intervención de un juez. Cada dispositivo vendido tiene una identidad de fabricación que puede vincularse al comprador, ya que al realizar la compra se facilita la identidad y la dirección personal. Así, todos estos elementos pueden vincularse para rastrear su ubicación. Por último, afirmar que si el dispositivo está apagado no se puede geolocalizar es simplemente falso, basta con ver el sistema Echelon con sede en Inglaterra.
Por lo tanto:
El derecho internacional se opone a la transmisión de datos sin informar a la persona afectada, que tiene derecho a oponerse a ello, y prohíbe la vigilancia masiva.
«Artículos 10, 11 y 13 de la Directiva 95/46 TJUE, 1 de octubre de 2015, asunto C-201/14, TJUE, 1 de octubre de 2015, asunto C- 230/14; TJUE, Gran Sala, 6 de octubre de 2015, Maximilian Schrems contra Data Protection Commissioner, asunto C‑362/14; TEDH, Gran Sala, 4 de diciembre de 2015, Zakharov contra Rusia, demanda n.º 47143/06; TEDH, Sala Quinta, 12 de enero de 2016, Szabo contra Hungría, demanda n.º 37138/14.».
Teniendo en cuenta lo anterior, el Real Decreto 1030/2022 es ilegal y constituye un fraude en el sentido del Código Civil, ya que es contrario a los textos mencionados, por lo que la sanción en cuestión es ilegal de pleno derecho, razón por la cual rechazo la luz giratoria v16 con geolocalización y solicito su anulación.
Solicito que se abra un período de prueba y que se practique una TESTIMONY, a través de los funcionarios solicitantes, que deberá realizarse de conformidad con las normas de la LEC para el interrogatorio de testigos, ya que la ratificación por escrito no es válida, ya que privaría al compareciente de la posibilidad de intervenir en la práctica de la prueba, lo cual, como es sabido, es un derecho garantizado por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Jurista internacional
CSAPE International Su misión es luchar contra la corrupción y la delincuencia.
Como le he explicado, la ley obliga a los ayuntamientos, comunidades, asociaciones, regiones, etc. (Ley 7/2022 y Directiva 2008/98/CE; Directiva (UE) 2018/851; Reglamento (UE) n.º 1357/2014.) a recoger los residuos, lo que incluye la puesta a disposición gratuita de contenedores y puntos de recogida.
Los fondos recaudados se destinan a servicios como la recogida, el transporte y el tratamiento de residuos urbanos.
Este punto de recogida debe estar cerca de los habitantes y no a 500 metros, 1, 2, 3, 7 u 11 kilómetros, como ocurre actualmente.
La tasa de recogida de residuos no se aplica en las zonas rurales donde no existe servicio de recogida. La tasa de recogida de residuos solo se aplica a las propiedades que disponen de un servicio efectivo y real de recogida y tratamiento de residuos. Por lo tanto, los municipios no pueden recaudarla si el servicio no es efectivo y real en su territorio.
En las zonas rurales, si el municipio decide no instalar un punto de recogida o si la persona se encuentra fuera de la red de recogida, ya sea en la comarca o en la comarca del Matarraña, el servicio no se presta de acuerdo con la obligación de servicio impuesta por la ley, por lo que no se puede reclamar este impuesto.
El usuario no tiene que pagar de su bolsillo la negativa de la comarca o del ayuntamiento a instalar puntos de recogida, exigiéndole que pague un poste como punto de recogida, lo que podría interpretarse como un intento de extorsión, de acuerdo con el artículo 243 del Código Penal, contra un usuario del servicio público, por incumplimiento de sus obligaciones legales.
El Defensor del Pueblo español y los defensores provinciales, en las reclamaciones n.º 13002460, 16015340, 16/4247 y 19/4430, etc., han dejado claro lo siguiente en relación con la tasa de residuos y la obligación de proporcionar contenedores y un punto de recogida gratuitos, cuyo coste corresponde al servicio efectivo y real:
Tribunal Superior de Justicia de Aragón:
«La prestación efectiva del servicio o la ejecución efectiva de la actividad por parte de la administración municipal es un elemento clave para el pago del impuesto, que solo se devenga cuando, además de la existencia del servicio en el municipio, dicho servicio se presta efectivamente a quienes están obligados a pagarlo; y la distancia entre la propiedad sujeta al impuesto y el punto de recogida más cercano, que es de unos 2040 metros, no justifica el servicio prestado»
. Según la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1997, la mera existencia de un servicio municipal no basta para que una persona esté sujeta al pago del impuesto establecido para su financiación, si el servicio no se presta de tal manera que la persona pueda considerarse especialmente afectada por él, en forma de ventaja efectiva o de provocación por parte del interesado en la actividad municipal, ya que solo con estas características un servicio municipal puede legitimar la exigencia del impuesto.
5. En el mismo sentido, el Tribunal afirma también que «la prestación efectiva de un servicio municipal es una condición esencial para la imposición de un impuesto por dicho servicio, ya que el hecho generador del impuesto es la prestación efectiva de un servicio que beneficia o afecta al contribuyente de manera particular, sin que la mera existencia del servicio municipal sea suficiente para convertir a una persona en contribuyente del impuesto establecido para su financiación, si el servicio no se presta de tal manera que la persona pueda considerarse especialmente afectada por él, en forma de ventaja efectiva o de incentivo a la actividad municipal» (sentencia de 20 de febrero de 1996).
6. En cuanto a la aplicación del principio de reparto de la carga de la prueba en materia fiscal, cabe recordar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 11 de mayo de 1998, que establece que «la carga de la prueba del hecho generador de cualquier impuesto recae en la administración que reclama su pago. Y esta prueba, en lo que respecta al impuesto de recogida de basuras, exige demostrar que el domicilio del presunto deudor no solo disponía de un servicio de recogida cercano, sino que podía beneficiarse de él en condiciones que no implicaran un sacrificio personal superior al que se considera tolerable a tal efecto según los usos sociales . »
7. Si bien la existencia de puntos de recogida en el territorio del municipio acredita la implantación del servicio, no prueba que este se preste efectivamente al contribuyente. La jurisprudencia ha establecido que una distancia superior a 300 metros entre el objeto imponible y el punto de recogida no justifica que el servicio se preste efectivamente al contribuyente en cuestión, ya que este no se ve afectado por dicho servicio y no se beneficia de él. Este argumento se ve reforzado por el propio texto de la ordenanza municipal, que establece en su artículo 5 que el servicio se considera prestado «cuando está establecido y operativo en las zonas o calles donde están domiciliados los contribuyentes sujetos al impuesto».
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha:
8. En cuanto a la distancia máxima al contenedor, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 27 de septiembre de 1997 declaró inadmisible la recaudación del impuesto, ya que se había demostrado que no había ningún contenedor de basura situado a menos de 300 metros del domicilio del demandante.
El Tribunal consideró que el servicio municipal no podía considerarse prestado en esas condiciones y que, por lo tanto, no se había producido el hecho imponible.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón recordó en 2021, en el marco de un proceso con un ayuntamiento, sus principios jurídicos, detallando una multitud de jurisprudencia, leyes y reglamentos, e instó al ayuntamiento a revisar su ordenanza de conformidad con la ley y la jurisprudencia.
Por lo tanto, mantenemos nuestra posición y reiteramos nuestra petición: no pagaremos el impuesto si no hay contenedores y puntos de recogida gratuitos a una distancia razonable, de conformidad con la ley que le es oponible.
Le recuerdo también que la vivienda no está inscrita en el registro y que aún no es habitable. De conformidad con la ley, no se puede exigir ningún impuesto relativo a este bien por el momento.
Le ruego que me comunique su posición al respecto o que me indique si hay algún malentendido.
Atentamente,
Droit Français
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Ceci étant récurrent, nous rappelons que le contrôle de la police de l'environnement pour la gestion de l'eau ou autres, sans y être invité par le propriétaire ou sans mandat judiciaire (juge) dans une propriété privée avec contrôle d'identité, est illégal et viole l'article 8 de la convention EDH, y compris même si cela est prévu par la loi ou le règlement. Nous rappelons que le préfet n'est pas une autorité judiciaire et n'a pas autorité pour violer une propriété privée. Seul un juge ou le procureur sur réquisition judiciaire ou de flagrance a autorité.
Vous pouvez déposer plainte.
CASPE INTERNATIONAL
En cas d'arrêté de péril avec interdiction d'habiter, le propriétaire bailleur a l'obligation légale de reloger ou d'héberger ses locataires. En cas de défaillance du propriétaire, le maire doit se substituer à lui et assurer ce relogement. La responsabilité de la mairie peut être engagée si elle fait preuve de carence dans son obligation de protection des occupants. Dès lors que l’autorité publique constate la défaillance ou la carence du propriétaire à assurer son obligation de relogement, elle est tenue d’assurer elle-même ce relogement et le financement pouvant en réclamer le remboursement auprès de la personne défaillante. Aucune disposition, ni dans la loi, ni dans les circulaires d’application, ne prévoit de forme de constat de carence ou « défaillance » du propriétaire par l’autorité publique compétente. Ce constat pourrait résulter, soit d’une déclaration du logeur indiquant à l’autorité publique qu’il n’a pas été en mesure de remplir son obligation, soit de l’absence effective de tout relogement ou hébergement.
Si le maire refuse d'exécuter ses obligations légales, sa responsabilité peut être recherchée pour défaut de protection de ses habitants.
Textes de référence appliqués et suivis par la Cour de cassation :
Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014
Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009
Loi portant Engagement national pour le logement du 13 juillet 2006
Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005
Ordonnance n°2007-42 du 11 janvier 2007
Code de la construction et de l’habitation : art. L.521-1 à L.521-3-2
Les assureurs et certains sites d’information d’assurance se sont entendus pour vous tenir un discours sur vos droits à leur profit. Voir une décision d’un tribunal de proximité qui réécrit les textes au profit de l’assureur (ça sent le jeton)
C’est ainsi que l’on peut lire chez Auto Selection : "La loi Hamon impose que l'assureur entrant se charge de la résiliation auprès de l'assureur sortant. Le souscripteur signe un mandat lors de la souscription du nouveau contrat ; l'ancien assureur est ensuite informé par lettre recommandée ou moyen équivalent."
C’est FAUX. Cette pseudo-obligation ne prévaut que pour les professionnels et à condition que vous soyez soumis à la continuité d'une assurance et que vous résidiez sur le territoire français.
Article L113-15-2
Version en vigueur depuis le 1ᵉʳ décembre 2020 Modifié par LOI nᵒ 2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 1
Pour les contrats d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches ou des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'Etat, l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles. La résiliation prend effet un mois après que l'assureur en a reçu notification par l'assuré.
Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l'assuré n'est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. L'assureur est tenu de rembourser le solde à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l'assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.
Pour l'assurance de responsabilité civile automobile définie à Prévisualiser : l'article L. 211-1 et pour l'assurance mentionnée au g de Prévisualiser : l'article 7l'article 7 de la loi nᵒ 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nᵒ Prévisualiser : Loi nᵒ 86-1290 du 23 décembre 1986 (V) 86-1290 du 23 décembre 1986, le nouvel assureur effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Il s'assure en particulier de la permanence de la couverture de l'assuré durant la procédure.
En d’autres termes, l’assuré a le droit de résilier lui-même l’assurance en dehors des professionnels.
Il n’y a pas besoin de justifier quoique se soit. (le véhicule peut être vendu, donné, à la casse peu importe, vous pouvez avoir quitté le pays et dans ce cas je rappelle que l’assureur du nouveau pays n’est pas tenu par la loi française, il y a même des pays où vous n’êtes pas tenu d’avoir une assurance).
Non, ce n’est pas exclusivement la nouvelle assurance qui doit faire la demande de résiliation.
Monsieur,
Dernièrement vous m’avez fait part par téléphone que, dans le cadre de la loi sur le blanchiment d’argent et de la lutte antiterroriste, je devais fournir les documents suivants : Outre un justificatif d'identité, une facture de moins de trois mois justifiant du domicile, le dernier avis d'imposition.
Or, je vous serai obligé de m’indiquer, outre le respect de l’article R312-2 du Code monétaire et financier lorsque j’ai ouvert mon compte chez vous, ce qui, dans la gestion récente de mon compte, vous fait craindre une participation à du blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme et vous conduit à ne pas mettre en œuvre les dispositions de l’article L 561-9 (applicable en NC en vertu de l’article L 745-13) du Code monétaire et financier ?
En effet, en l’absence de la mise en œuvre de ses dispositions par la banque, vos demandes sont injustifiées et je ne suis pas tenu de vous fournir quelque document que ce soit.
Toutefois, si vous maintenez votre demande en la justifiant, je vous serai obligé de m’envoyer le formulaire par lequel je peux m’opposer à l’utilisation des données communiquées pour toute opération commerciale, publicitaire ou autre tant vis-à-vis de vos partenaires, clients ou autres qu’en interne.
Bien cordialement,
L'arrêt de la (CJUE) Cour de justice de l'Union européenne a été très clair :
Les médecins qui ont procédé à l'injection forcée des individus sont les seuls responsables devant la loi.
Extrait : "Les médecins ayant administré ces vaccins sans évaluation individuelle du patient pourraient voir leur responsabilité engagée. En effet, le fait que ces vaccins aient reçu une autorisation de mise sur le marché (AMM) et soit obligatoire ne suffisait pas à exempter les praticiens de leur devoir d’analyse des risques pour chaque patient. De procéder à une prescription médical encadré par des règles claires respectant les droits du patient sans subir de pressions extérieures."
ARRÊT CJUE, nᵒ C-586_23, arrêt de la Cour, Giovanni Frajese contre Commission européenne, 30 janvier 2025.
Le CSAPE vous engage à poursuivre les médecins, les ordres professionnelles et les responsables sanitaires
CSAPE International Sa mission est de lutter contre la corruption et la criminalité.
Le renouvellement du permis de conduire voulu par Van der Layen tous les 10 ans et non pas 15 ans est illégal.
A contrario du crétin qui gère la chaine YouTube de propagande (L'école du Triangle) sur le droit routier qui prétend que le permis de conduire n'est pas un droit mais un titre de police qui confère aucun droit et qui se prend pour le roi des professeurs d'auto école et de droit.
Le permis de conduire est un titre administratif qui est valide à vie, à moins d'une infraction qui le suspend ou le supprime. Pour résumer, le permis de conduire est un actes créateurs de droits (le droit de conduire). L'administration peut retirer un acte créateur de droit (par exemple, une autorisation) s'il est illégal et si le retrait intervient dans les quatre mois suivant sa décision, après il est définitif et permanent (comme le livret de famille ou l'acte de mariage).
Imaginez l'État qui vous dit : « Votre mariage doit être renouvelé tous les 10 ans ou vous n'êtes plus marié? ».
Pour parer à ce genre de dictature, il y a une règle cardinale de droit, même si ces dernières années ils ont tenté de la supprimer.
La non-rétroactivité du droit et des actes administratifs. qui dépendent tous les deux de ce qui suit.
Conformément au droit international, à l'article 2 du code civil et l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen à pleine valeur constitutionnelle et à la jurisprudence de la CEDH, une loi ne dispose que pour l'avenir et ne peut être rétroactive si elle crée un délit pour les personnes qui ont obtenu un permis de conduire à vie (ce principe de droit à été reporté sur les actes administratifs dont la jurisprudence est ancienne, stable, et permanente), sauf en cas de délit (normal).
Par conséquent, obliger toutes les personnes qui ont passé leur permis de conduire antérieurement à une loi à renouveler leur permis tous les 10 ans est illégal et viole la sécurité juridique garantie dans tous les pays d'Europe et l'article 3 du Statut du Conseil de l'Europe, car elle crée un délit basé sur une légalité.
Il est rappelé également, Le droit international s'oppose à la transmission de données sans en informer la personne concernée, qui a le droit de s'y opposer, et interdit la surveillance de masse.
Articles 10, 11 et 13 de la directive 95/46 CJUE, 1er octobre 2015, affaire C-201/14, CJUE, 1er octobre 2015, affaire C- 230/14 ; CJUE, Grande Chambre, 6 octobre 2015, Maximilian Schrems contre Data Protection Commissioner, affaire C‑362/14 ; CEDH, Grande Chambre, 4 décembre 2015, Zakharov contre Russie, requête n° 47143/06 ; CEDH, 5e section, 12 janvier 2016, Szabo contre Hongrie, requête n° 37138/14.
Juriste international
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Dans le code pénal il y a les causes d'irresponsabilité.
Le squat ou l'occupant sans titre sont des délits, article 226-4 du Code pénal et loi n° 2023-668.
L'article 122-5 du code pénal prévoit: N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
La cour de cassation à dans deux arrêts précisé que le droit de propriété au vu de la gravité de l'infraction prime sur le droit du respect du domicile en vertu des articles 544 et 545 du Code civil. Protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 1ᵉʳ du Protocole additionnel nᵒ 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (Cass. 3ᵉ civ. 4-7-2019 nᵒ 18-17.119 FS-PBRI ; 17 mai 2018 (nᵒ de pourvoi : 16-15792).
La CEDH a confirmé plusieurs fois, qu’il y avait une totale confiscation du droit de propriété dès lors que le "mouvement citoyen de défense du droit au logement des personnes sans domicile" avait commencé par rendre inaccessible l'immeuble en posant des grillages afin de squatter la propriété ou en changeant les serrures.
Ainsi, à contrario de ces détracteurs d'avocats qui font leur chou gras, propriétaire, prenez votre responsabilité, mettez les squatteurs ou occupants par ruse à la porte de force pour mettre fin au délit. Vous êtes dans votre bon droit.
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La loi Française, comme toutes les lois européennes étant une transcription d'une directive européenne, concernant les volailles et autres animaux, ne s'applique qu'aux personnes possédant entre 0,15 unité, soit 2 000 animaux (dindes, pintades, canards, oies, perdrix, faisans, cailles, pigeons et oiseaux incapables de voler), sachant que 0,005 unité représente 200 volailles.
La loi ne s'applique pas aux élevages destinés à la consommation personnelle.
Le gouvernement crée, sans aucun fondement juridique, l'impression qu'il est nécessaire d'enregistrer les volailles et autres animaux d'élevage par le biais de la propagande, afin de vous contrôler et de vous imposer des taxes.
Pour résumer vous avez le droit de détenir des volailles pour votre consommation personnelle sans déclaration ni taxe.
Décision d'exécution (UE) 2017/302; Directive 2010/75/UE; Règlement (UE) 2016/429.
La taxe des ordures comme tout le reste est une obligation faite par une directive européenne. De plus en plus de Maire vous réclame cette taxe en supprimant les points de collecte et la collecte qui vous oblige à le faire vous même en parcourant des kilomètres.
La taxe des ordures comprend trois services dont l'un est la collecte (le ramassage). Si le Maire la supprime ou si vous devez faire plus de 500 mètres à pied sans route carrossable du point de collecte, vous êtes en droit de refuser de payer la Taxe au motif d’un service inexistant.
LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 23 "Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets".
Il est rappelé à l'Etat et aux Maires, que les communes de plus de 2000 habitants ont l'obligations de mettre des points de collecte.
Directive 2008/98/CE; Directive (UE) 2018/851; Règlement (UE) n° 1357/2014.
A contrario des dires de certaines administrations:
Il est également rappeler conformément a la constitution en ce qui concerne l'application du principe de répartition de la charge de la preuve en matière fiscale «la charge de la preuve du fait générateur de tout impôt incombe à l'administration qui en réclame le paiement. Et cette preuve, en ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures, exige de démontrer que le domicile du débiteur présumé disposait non seulement d'un service d'enlèvement à proximité, mais qu'il pouvait en bénéficier dans des conditions qui n'impliquaient pas un sacrifice personnel supérieur à ce qui est considéré comme tolérable à cet effet selon les usages sociaux.»

